Plan Cóndor: el mapa de la barbarie

Francesca Lessa vivió en Buenos Aires en la misma cuadra donde operaba una agencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentino en la década del 70, donde se habría ubicado la sede operativa y coordinadora del Plan Cóndor.

Coincidencia siniestra.

Doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics, investigadora y docente de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo en la Universidad de Oxford, Inglaterra, la italiana Francesca Lessa es la autora de una de las investigaciones más exhaustivas sobre Operación Cóndor. Le tomó ocho años, pero cumplió con su propósito: desentrañar y denunciar cómo las dictaduras sudamericanas coordinaron sus políticas represivas para secuestrar, torturar, asesinar y hacer desparecer a los(as) opositores(as) políticos(as) y exiliados(as).

El broche de oro de este ambicioso trabajo es un video titulado La Operación Cóndor al Descubierto –disponible ya en YouTube, en inglés y español–, que se da a conocer en vísperas del 46 aniversario del Golpe de Estado en Argentina (24 de marzo de 1976).

Con los años, su aporte ha resultado clave para los juicios que se han celebrado para juzgar a los responsables de estos delitos, especialmente en Italia y en el sistema interamericano. Asimismo, es autora del libro The Condor Trials (Los Juicios Cóndor), que se publicará en Estados Unidos en mayo próximo.

El Plan Cóndor fue una operación meticulosa, pensada en cada detalle. En ella participaron las dictaduras militares de ocho países de América del Sur –Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú y Ecuador–, con el fin de exterminar a quienes eran considerados enemigos subversivos de la patria. La red dejó el saldo de decenas de miles de personas asesinadas o desaparecidas durante 1970 y 1980. La complicidad entre los gobiernos militares fue absoluta y eficaz. Las policías secretas compartieron información y trasladaron a sus detenidos de un país a otro. El pacto de silencio entre los autores nunca se ha quebrantado y ninguno de ellos ha mostrado un asomo de arrepentimiento.

Argentina fue el país donde se cometió el 69 por ciento de los delitos de la coordinación represiva. El mayor número de víctimas (487) de la coordinación represiva fueron secuestradas en el período entre marzo de 1976 y diciembre de 1978. Entre marzo y diciembre de 1976, se concentra el 30 por ciento de las víctimas.

Lessa sistematizó una enorme cantidad de material que, hasta entonces, había estado disperso. Además, escarbó en los documentos de archivos latinoamericanos y de Estados Unidos y, no menos importante, hizo más de cien entrevistas con actores locales para incorporar sus voces. En dos oportunidades –2008 y 2014– intentó reunirse con victimarios en Uruguay, pero ellos se negaron.

Dos bases de datos (inéditas hasta ahora) contienen toda la información: una con los nombres de las víctimas de la coordinación represiva; otra con 45 juicios en varios países, principalmente en el Cono Sur, pero también en Italia, Francia y Estados Unidos. Tras su investigación, Lessa concluye que el Plan Cóndor cobró por lo menos 805 víctimas si se considera el periodo comprendido entre 1969 y 1981.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina removió cualquier obstáculo a la persecución transnacional de los exiliados. A partir de ese momento, América del Sur se convirtió en una zona de terror e impunidad sin fronteras.

La mayoría de las víctimas eran de nacionalidad uruguaya (48 por ciento), argentina (24 por ciento) y chilena (14 por ciento). El 69 por ciento de los delitos registrados ocurrieron en Argentina. Según la investigación de Lessa, 115 eran chilenos, 384 uruguayos, 191 argentinos, 40 paraguayos, 33 brasileños, 17 bolivianos, 13 peruanos. Asimismo, hubo un alto número de muertos y desaparecidos (45,5 por ciento) pero, también, un porcentaje similar de secuestrados, torturados, y posteriormente liberados (47 por ciento).

Mucho de lo que hoy se conoce del Plan Cóndor se ha reconstruido en Roma, Buenos Aires, y en docenas de casos judiciales en otros países. Parte de la evidencia proviene de los documentos de inteligencia de Estados Unidos que fueron desclasificados por orden de Barack Obama. En 2019, EE.UU. completó la entrega de 47 mil páginas a Argentina. “Los documentos”, recuerda Lessa, “revelan cuánto sabían los gobiernos de Estados Unidos y Europa sobre lo que estaba sucediendo en Sudamérica y lo poco que les importaba». El juicio en Argentina, que se centró en 109 víctimas de Cóndor de seis países, terminó con 15 sentencias de prisión, incluida la del expresidente de la junta militar, Reynaldo Bignone, que entonces tenía 87 años. Otros siete acusados murieron durante los tres años del juicio. La sentencia fue la primera en reconocer “una conspiración ilegal transnacional (…) dedicada a perseguir, secuestrar, repatriar a la fuerza, torturar y asesinar a activistas políticos».

Mi hermana María Cecilia y su marido, el médico Guillermo Tamburini, fueron secuestrados de su departamento en Buenos Aires, en la madrugada del 16 de julio de 1976. Ella, socióloga, tenía 27 años; él, 32. Sus cuerpos no han sido encontrados.

El 27 de mayo de 2016, al cierre del juicio Plan Cóndor en Buenos Aires, Humberto José Román Lobaiza y Felipe Jorge Alespeiti –ambos del ejército argentino– fueron los únicos dos imputados en el secuestro y desaparición de mi hermana. El primero fue condenado a 18 años de presidio y, el segundo, a doce. Alespeiti fue juzgado en el año 2009 por 107 secuestros y desapariciones. Murió en julio de 2019, mudo y senil. Ambos ya cumplían arresto domiciliario por otros crímenes de lesa humanidad.

Laura Elgueta Díaz, chilena, subraya que la mayoría de las víctimas “no fueron héroes que cayeron luego de combatir horas en estruendosas escenas cinematográficas. No. Muchos de los secuestrados estaban en sus casas, con sus familias, con hijos. Estaban en las calles o en los lugares de trabajo en el país que les había dado refugio. Eran hombres, mujeres, niños». Su hermano Luis Enrique (Kiko) fue detenido el 27 de julio de 1976, en Buenos Aires. Era músico, tenía 23 años. Con él desaparecieron su pareja argentina Clara Haydee Fernández y su hermana Cecilia Fernández.

Detrás de cada cifra hay una víctima. Detrás de ella una familia que se quebró para siempre. La pregunta –dónde están– sigue sin respuesta. Las fotografías de los caídos se han teñido de sepia. Pero nuestra memoria sigue intacta, recién parida. Como el primer día.