Australia se niega a desclasificar expedientes sobre cómo sus espías ayudaron a la CIA en el golpe de Pinochet

EXCLUSIVA: Tras meses de deliberación, el Tribunal Administrativo de Apelaciones confirmó la decisión de retener la divulgación de documentos históricos relacionados con operaciones secretas de la inteligencia australiana entre 1971-1974 en Chile, a petición de la CIA.

Memorial en Homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Santiago, Chile.

Memorial en Homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Santiago, Chile. Source: Getty

Posiblemente nunca sabremos cuán exhaustiva fue la participación de los espías australianos que colaboraron con la CIA en el golpe de Pinochet en Chile en 1973, tras la decisión de Australia de mantener secretos los expedientes sobre estas operaciones.

El Tribunal Administrativo de Apelaciones (AAT, siglas en inglés) dictó su decisión el 1 de noviembre, declarando que la divulgación de documentos relacionados con las actividades del Servicio Secreto de Inteligencia Australiano (ASIS) en Chile entre 1971 y 1974, y los registros sobre el derrocamiento de Allende “causaría daños a la seguridad, defensa o relaciones internacionales de la Commonwealth (Mancomunidad)”, a pesar de que hayan transcurrido cinco décadas de los hechos.

“El proteger nuestra capacidad para guardar secretos, y ser vistos haciéndolo, requiere que continuemos suprimiendo la publicación de documentos que contienen lo que podría parecer información benigna o no controversial sobre eventos que ocurrieron hace mucho tiempo”, reza la decisión de la AAT.
El exoficial de inteligencia militar del ejército australiano, el Dr. Clinton Fernandes, . Dice que su objetivo era evaluar el historial de Australia como un "buen ciudadano internacional" a la luz de sus acuerdos bilaterales de inteligencia con los Estados Unidos, que describe como un “arreglo transaccional entre dos socios desiguales”.

“Como australiano, estoy muy interesado en entender cómo y por qué apoyamos a Estados Unidos en lo que fue un acto profundamente antidemocrático y hostil”, dijo Fernandes a SBS Spanish en julio, antes del inicio de las audiencias secretas de tres días de la AAT que evaluaron su solicitud.

Al enterarse del rechazo de su apelación, Fernandes dijo que estaba decepcionado de que la AAT hubiese ratificado la decisión de los Archivos Nacionales de Australia (NAA, siglas en inglés) que despoja a los australianos del derecho a conocer “detalles vergonzosos” de las acciones tomadas por su gobierno hace medio siglo.

“El gobierno sigue sin rendirle cuentas a la ciudadanía, que probablemente se horrorizaría si supiera lo que éste hace de forma encubierta. Hay un consenso bipartidista en este asunto, y la oposición está comprometida con el mismo nivel de secretismo”, dijo Fernandes.
Nuestro historial como la democracia liberal más hermética del mundo permanece intacto.
Fernandes dice que no entiende por qué Australia no puede desclasificar sus documentos, ya que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido ya han desclasificado la mayoría de sus expedientes.

“La idea de que tenemos que ser vistos como protectores de secretos 50 años después es inconsistente con el hecho de que nuestros aliados ya han desclasificado sus registros”.

El Tribunal Administrativo de Apelaciones no funciona como una corte judicial del poder legislativo, ya que es considerado "una rama del ejecutivo". El Fiscal General nombra a todos sus miembros, incluyendo al juez del Tribunal Federal que preside las audiencias.  

Los procedimientos para evaluar si los expedientes de Chile y Allende eran “seguros” para su divulgación se llevaron a cabo principalmente a puerta cerrada, dado que la Fiscal General de Australia, Michaelia Cash, había emitido un certificado de interés público días antes del inicio de las audiencias, suprimiendo así la divulgación de gran parte de la evidencia que sería proporcionada por las agencias gubernamentales, ASIS, ASIO y DFAT, en el caso. 

Esto significó que Fernandes y su abogado, Ian Latham, fueron excluidos de la presentación de pruebas y argumentos del gobierno para contrarrestar sus alegatos.
El Dr. Fernandes, profesor de Estudios Políticos e Internacionales en la Universidad de Nueva Gales del Sur, y el abogado Ian Latham han trabajado juntos durante más de una década en varios casos que han logrado desclasificar con éxito una serie de documentos históricos relacionados con operaciones de inteligencia australianas en el extranjero.

El dúo ha enfrentado al Tribunal Administrativo de Apelaciones en varias ocasiones, solicitando la anulación de decisiones tomadas por los Archivos Nacionales de Australia para mantener en secreto documentos históricos sobre operaciones australianas turbias en Timor-Leste, Camboya, y ahora, Chile.  

Desde la década de 1970, se . Se piensa que oficiales de inteligencia australianos asistieron a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) a socavar el gobierno electo del presidente chileno Salvador Allende. Sin embargo, los documentos oficiales de inteligencia australiana en torno al golpe de Pinochet nunca han sido publicados.
Augusto Pinochet y la junta militar en 1973.
Augusto Pinochet and the military junta in 1973. Source: AP
Durante la brutal dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la disidencia fue duramente castigada. Los opositores al régimen eran denunciados, arrestados, desaparecidos y ejecutados. El número total de víctimas de la era de Pinochet supera las 40.000 personas, al menos 28.000 de ellas fueron torturadas. Más de 3.000 fueron asesinados o “desaparecieron” y al menos 200.000 personas huyeron al exilio.  

Como resultado de la solicitud de desclasificación de Fernandes en julio, la AAT publicó cientos de páginas de documentos nunca antes vistos. Éstos representaron la primera prueba oficial de que los espías de ASIS habían establecido una estación secreta en Santiago en 1971, a petición de Estados Unidos. Sin embargo, los documentos están fuertemente censurados, por lo que la mayoría de los archivos permanecen sin publicar. 


Factores clave:

  • La participación de Australia en el derrocamiento de Allende se hizo pública en 1977 después de que el exprimer ministro Gough Whitlam creara una Comisión Real para investigar los servicios de seguridad de Australia. El propio Whitlam le dijo al Parlamento que tenía conocimiento de que “el personal de inteligencia australiano estaba trabajando como representantes de la CIA para desestabilizar al gobierno de Chile”.  
  • ASIS es la agencia secreta australiana de recopilación de inteligencia en el extranjero, mientras que ASIO es la Organización australiana de inteligencia y seguridad. Son dos agencias separadas, que se enfocan en recopilar diferentes tipos de inteligencia. A diferencia de ASIS, ASIO se enfoca en asuntos de seguridad internos. 
  • Varios testimonios documentados indican que los espías de la ASIO también tuvieron una base en la Embajada de Australia en Santiago, incluso tiempo después del golpe de Pinochet.  
  • Como parte de la alianza “Five Eyes” (Cinco Ojos), Australia comparte inteligencia y coopera con otras naciones miembro (Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos). Sin embargo, mientras que otros miembros de los Cinco Ojos, como los Estados Unidos, gozan de un marco jurídico que garantiza la transparencia en materia de inteligencia, mediante la desclasificación automática de registros después de un período prescrito, Australia no. En Australia, los documentos clasificados pueden ser publicados después de transcurrir un mínimo de 20 años, pero sólo si se aprueba una solicitud formal. 

Los  afirman que Whitlam quería que: 

“Los estadounidenses no crean que él personalmente desaprobaba lo que están haciendo en Chile ni que él necesariamente apoya a Allende [censurado]”, según se lee en un memorando de abril de 1973.
El Primer Ministro dijo que lo último que quería hacer era tomar una acción precipitada en este asunto que avergonzara a la CIA.

Previously classified documents reveal the thinking behind Whitlam's decision to shut down M09 (ASIS) secret operations in Chile.
Previously classified documents reveal the thinking behind Whitlam's decision to shut down M09 (ASIS) secret operations in Chile. Source: Supplied

Acceso denegado, 50 años más tarde

Durante las audiencias de tres días en julio, el Tribunal escuchó pruebas públicas y a puerta cerrada de tres testigos: el ex oficial de ASIO Peter Darby* (nombre falso), que había trabajado en la agencia de inteligencia durante 40 años; Jack Lowe* (nombre falso), empleado de ASIS durante más de 25 años; y el ex subdirector de ASIO Anthony Sheehan, del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio.  

Los documentos del Tribunal sobre el porqué de su toma de decisiones aclaran que, según la Ley de Archivos, su función no es “considerar el valor histórico de los documentos en cuestión”, ya que “eso es un asunto para el juicio experto de los historiadores cuando los documentos sean finalmente divulgados”.

“No nos atañe las motivaciones de la persona que busca acceder a los documentos en cuestión. Tampoco nos incumbe el contenido de los documentos en sí, excepto en la medida en que necesitamos formarnos un juicio sobre ese contenido para determinar cómo se debe aplicar la ley”, dice decisión del Tribunal.
También es irrelevante que parte de la información contenida en los documentos ya sea conocida o se sospeche fuertemente en algunos círculos.
El mismo documento contiene extractos de la declaración jurada pública de Jack Lowe de ASIS, que establece que la “divulgación pública de información de la década de 1970 sobre las actividades de ASIS, incluyendo las que involucran a socios extranjeros, puede perjudicar la seguridad nacional, la defensa y las relaciones internacionales de Australia, porque contiene información de las agencias de inteligencia sobre asuntos de interés, métodos y capacidades de ASIS”.

“La divulgación pública de información 'administrativa' histórica puede ser perjudicial, dependiendo de la naturaleza de la información. Podría, por ejemplo, proporcionar una idea del número y tipo de personal desplegado, la asistencia proporcionada por los servicios de enlace o las capacidades de ASIS en un momento determinado, lo que en última instancia podría conducir a una reducción de la información disponible para los miembros del personal de ASIS y agentes o seguridad operativa”, dice el certificado.
Smoke pours from the Chilean presidential palace, La Moneda, in this Sept. 11, 1973, file photo, after being hit by rockets fired by the air force Hawker Hunter jet fighters
Smoke pours from the Chilean presidential palace, La Moneda, in this Sept. 11, 1973, file photo, after being hit by rockets fired by the air force Hawker Hunter Source: AAP
Lowe afirmó que, aunque los documentos en cuestión tienen ahora casi medio siglo, la publicación de “los registros restantes de Chile y Allende que han sido exentos de divulgación podría razonablemente comprometer las actividades de ASIS y menoscabar su capacidad para llevar a cabo sus funciones” ya que, en algunos casos, “el paso del tiempo no ha sido suficiente para eliminar o degradar cuán sensible es la información para que pueda ser divulgada”.
Si bien los eventos de la década de 1970 aparentemente están congelados en el tiempo, los hechos que los rodean pueden tener implicaciones en el presente.
Lowe agregó que ilustraría el porqué de sus conclusiones con pruebas proporcionadas durante la sesión a puerta cerrada. 

Por su parte, Peter Darby de ASIO afirmó que la desclasificación de parte del material “revelaría la existencia de relaciones, incluida la naturaleza y el alcance de estas relaciones, entre ASIO y países extranjeros y/o sus servicios de inteligencia”.

“Existe la expectativa, tanto por parte del socio extranjero como de ASIO, de que la relación en sí, y cualquier información compartida o capacidad desarrollada conjuntamente se mantendrá confidencial. En algunas circunstancias, esta expectativa se extiende incluso después de que la relación ya no está activa”, dijo Darby en su declaración jurada pública.

"La divulgación de esta información puede ser perjudicial incluso cuando la información es histórica, ya que los detalles en cuánto a los métodos, relaciones y procedimientos de ASIO u otros servicios de inteligencia australianos todavía pueden emplearse en la actualidad". 

Tanto Lowe como Darby expresaron su preocupación de que los documentos pudieran revelar las identidades reales de los espías australianos.

“La protección de la identidad de los empleados de ASIO es clave para garantizar el secreto y la confidencialidad que son fundamentales para gran parte del trabajo de ASIO”, dijo Darby.  

“La divulgación de la identidad de los empleados de ASIO puede revelar actividades operativas del pasado en las que han estado involucrados; advertir a los objetivos que eran o son de interés; y develar el modus operandi de ASIO”.

Sin embargo, Fernandes y Latham habían sostenido en las audiencias que no estaban buscando la desclasificación de los nombres de los agentes de ASIO o ASIS. Asimismo, enfatizaron que comprendían que había asuntos sensibles que debían “mantenerse en secreto”.

La Teoría del Mosaico y la “amenaza” de los periodistas de investigación

Según los documentos del Tribunal, el análisis de mosaico fue una consideración importante en su toma de decisiones. En asuntos de seguridad nacional e inteligencia, la Teoría del Análisis de Mosaico se aplica para garantizar que elementos de información desclasificada aparentemente inocuos, diferentes y divergentes no adquieran una importancia adicional cuando se combinan con otros, como una suerte de rompecabezas.

El Tribunal afirmó que durante las audiencias se había hecho referencia a “ejemplos recientes de análisis de mosaico de la vida real llevados a cabo por periodistas de investigación que trabajaban como parte de la organización Bellingcat”.

Parte de la , Bellingcat se describe a sí mismo como un “colectivo internacional independiente de investigadores y periodistas ciudadanos” que utilizan información disponible públicamente, las redes sociales y tecnología para investigar e indagar una cantidad de temas relacionados con abusos de derechos humanos, conflictos y el crimen internacional.

“Los investigadores de Bellingcat pudieron hilar contenidos diversos analizando material disponible públicamente y llegar a revelaciones sorprendentes. La capacidad de los periodistas para el análisis de mosaico palidece en comparación con la de los servicios de inteligencia y seguridad extranjeros que podrían combinar material archivado con información obtenida de fuentes ilícitas para formar una imagen más completa del trabajo de ASIS”, reza el fallo del Tribunal.

En este sentido, el Tribunal dice que se basó en la evidencia proporcionada por los ex empleados de ASIS y ASIO, Lowe y Darby, quienes sostuvieron que la divulgación de los expedientes de Chile y Allende obstaculizaría la labor de las agencias australianas al revelar aspectos que podrían llevar a la identificación de agentes de inteligencia actuales o del pasado, relaciones entre ellos y otras agencias gubernamentales, y otras agencias extranjeras y sus operantes.

Sin embargo, los documentos del Tribunal también establecen que existe una clara diferencia entre las teorías publicadas en los medios y la confirmación oficial.

“La especulación no oficial en los medios de comunicación, la literatura y el dominio público tiene valores diferentes a la confirmación oficial, en cuanto a la exactitud o existencia (o no) de un asunto en particular”, dice el documento.

“La información divulgada por los Archivos Nacionales de Australia bajo la Ley de Archivos … confirma al público que (la información) proviene de un documento gubernamental. Una confirmación oficial de este tipo puede ayudar a los adversarios de ASIS, como un servicio de inteligencia extranjero hostil experto en el análisis de mosaico, a construir una imagen de ASIS, mucho más allá de lo que ASIS pretendía divulgar”.

Lo que sabemos sobre la participación secreta de Australia en el golpe militar chileno

La participación de Australia en Chile se hizo pública en 1977 después de que el entonces primer ministro Gough Whitlam creara una comisión real para investigar los servicios de seguridad de Australia.

El propio Whitlam dijo al Parlamento que tenía conocimiento de que había “personal de inteligencia australiano trabajando como representantes de la CIA para desestabilizar al gobierno de Chile”.
According to this memo, Whitlam reportedly said he did not disapprove of "what the Americans were doing in Chile".
According to this memo, Whitlam reportedly said he did not disapprove of "what the Americans were doing in Chile". Source: Supplied
A pesar de que la estación ASIS cerró en 1973, ese no fue el final de la presencia de los espías de Australia en Chile. 

Otras declaraciones sostienen que agentes de la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (ASIO), que normalmente se centran en la seguridad nacional de Australia, estaban en Santiago durante la dictadura de Pinochet, trabajando en la Embajada de Australia como personal de inmigración.

El exministro de Inmigración Clyde Cameron dijo a Allies, un largometraje documental transmitido por el programa Four Corners de ABC en 1983:

"Me asombré cuando me convertí en ministro de inmigración y descubrí que había algo así como 21 o 24 estaciones en todo el mundo con agentes de la ASIO que se hacían pasar por funcionarios de inmigración".


“De hecho, eran parte del Departamento de Inmigración en el extranjero, y cuando descubrí el papel que había jugado la inteligencia australiana en el derrocamiento del gobierno de Allende en Chile en 1973, me horroricé al pensar que mi propio departamento estaba involucrado en este tipo de trabajo, y que nuestros agentes de inteligencia en Chile estaban actuando en como agregados, si se quiere, de la CIA, que no podía operar en Chile en ese momento, y la junta de Pinochet”.

Víctimas y exagentes de Pinochet en Australia: El caso de Adriana Rivas

Bajo el régimen de Pinochet, presuntos activistas de izquierda eran frecuentemente detenidos, desaparecidos y torturados.

La policía secreta de Pinochet, la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), operaba fuera del sistema de justicia penal: no había arrestos oficiales, ni juicios ni registros públicos de miles de personas que “desaparecieron” durante la dictadura.

Las autoridades no informaban a las familias del paradero de los detenidos y, cuando las familias los iban a buscar, el régimen negaba tener conocimiento alguno de ellos.

El terror de Estado, la censura y el silencio fueron tan prevalentes que, muchos aspectos de la dictadura continúan siendo desconocidos.

Como respuesta a la situación en Chile, el gobierno de Whitlam creó un programa especial para que muchos chilenos vinieran a Australia como refugiados.

Entre 1974 y 1981, Australia acogió a unos 6.000 chilenos. Cientos más llegaron posteriormente, como parte de un programa de reunificación familiar. En 1971, había 3.760 chilenos viviendo en Australia, pero para 1991, solo un año después del fin del régimen de Pinochet, había 24.042.

La gran afluencia permitió que algunos agentes de Pinochet pudieran haber ingresado a Australia junto con los refugiados.

Durante décadas, prosperaron rumores y sospechas de que Australia estaba albergando a agentes de Pinochet, al mismo tiempo que acogía a los refugiados del régimen. Este temor atormentó a gran parte de la comunidad chilena en Australia.

Adriana Rivas
Adriana Rivas during an interview with SBS Spanish reporter Florencia Melgar in 2013. Source: SBS Spanish
Rivas es solicitada por Chile por el secuestro agravado y la desaparición de siete disidentes en la década de 1970, entre ellos una mujer embarazada. De comprobarse las acusaciones en su contra, estos se consideran crímenes de lesa humanidad. 

Durante una visita a Chile en 2006, las autoridades locales de ese país detuvieron a Rivas. Ella escapó mientras estaba bajo fianza en 2010 al cruzar ilegalmente los Andes hacia Argentina, donde abordó un avión de regreso a Australia. A su regreso, habitó en una vivienda financiada por los contribuyentes hasta su arresto en 2019.

Ahora está tras las rejas, preparándose para .

Rivas se ha declarado "no culpable" y niega todas las acusaciones hechas en su contra.

Los próximos pasos

Fernandes dijo que si bien no está claro qué camino tomaría a continuación, podría haber margen para una apelación.

“Podríamos apelar a la Corte Federal y, en ese sentido, la Corte no estaría atada por todos estos mecanismos de secreto automático. Pero, si vamos a la Corte Federal y perdiéramos, estaríamos pagando los costes del gobierno, que son prohibitivos”.

“A menos que haya alguna forma en la que podamos ser indemnizados contra el pago de los costes del gobierno, es muy difícil concebir una apelación ante la Corte Federal, aunque esa apelación podría ser más prometedora”.

*No son sus nombres reales. Los nombres de los exempleados de ASIO y ASIS se cambiaron como parte de los procedimientos para ocultar sus identidades.



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Published 8 November 2021 9:47pm
Updated 9 November 2021 8:49am
By Claudianna Blanco
Source: SBS Spanish

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