A 50 años del golpe de Banzer, el dolor y pedidos de justicia todavía persisten

El 19 de agosto de 1971 comenzaba una de las etapas más duras que vivió Bolivia. El coronel Hugo Banzer Suárez iniciaba desde Santa Cruz el golpe de Estado con apoyo de partidos políticos. Ese golpe se perpetró dos días después, cuando el expresidente Juan José Torres, un militar de tendencia política de izquierda, salió a las 20:45 del 21 de agosto de ese año de Palacio Quemado en un automóvil con rumbo desconocido, tras conocer que los carros de asalto del Regimiento Tarapacá ingresaron por la calle Comercio de La Paz. Esa fecha comenzaba la dictadura de Banzer y el inicio del Plan Cóndor. Cincuenta años después, el dolor y los pedidos de justicia persisten.

Las víctimas y familiares de los afectados todavía viven con el dolor de haber sufrido torturas, las mujeres violadas, exiliadas y la incertidumbre por la desaparición de cientos de personas que hasta hoy se desconoce cuál fue su destino. Hasta la fecha las familias aún hacen vigilias con la intención de que la justicia llegue a sus vidas. Es difícil. Tras 50 años los procesos no avanzan y solo existe sentencia por la desaparición forzada de Juan Carlos Trujillo Oroza y José Luis Ibsen Peña.

Banzer había intentado en 1970 llegar al poder de manera ilegal gestando un golpe de Estado contra Torres. No lo había logrado tras la fallida toma del Estado Mayor del Ejército. Tuvo que refugiarse en la embajada de Argentina en La Paz y luego huyó a ese país. Un año después, el 18 de agosto de 1971, regresó al país de forma clandestina, pero fue arrestado en Santa Cruz y trasladado al cuartel de Carabineros de La Paz. Ese día inició su plan golpista junto al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB).

El golpe se ejecutó la noche del 21 de agosto. A las 20:45, Banzer, tras ser liberado, logró que el Regimiento Tarapacá lo respalde y ese batallón ingresa a plaza Murillo por la calle Comercio. Torres se entera y sale de Palacio Quemado con rumbo desconocido. Esa noche, Banzer y sus aliados toman la Presidencia, pero el coronel no logra ser presidente por las diferencias en la cúpula castrense.

Es al día siguiente, el 22 de agosto, que sale al balcón de Palacio Quemado, junto a Víctor Paz Estenssoro, del MNR, y Mario Gutiérrez, de la FSB, en calidad de presidente del país. Ese día inicia su gobierno dictatorial.

“En esa época, en nuestro lenguaje no existía la palabra de ocultarse ni buscar refugio. Entonces, en mi memoria está que mi compañero, Ricardo, subió al cerro de Laikakota (en La Paz) junto con Marcelo Quiroga Santa Cruz a defender la democracia y desde ese día ya no lo pude ver porque entró en la clandestinidad”, relató Ruth Llanos, quien es dirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desparecidos y Mártires (Asofamd). Llanos fue esposa del universitario Ricardo Navarro.

La dirigente recordó que esa noche del 21 de agosto se reunieron varios dirigentes universitarios para intentar frenar el golpe de Banzer. No pudieron y desde esa misma noche ya no volvió a ver a varios de sus compañeros ni a su esposo, quien luchaba junto a Quiroga Santa Cruz.

La Asofamd consiguió logros importantes, como la conformación de una Comisión Nacional de Investigación de Personas Desaparecidas en el gobierno de Hernán Siles Zuazo, y que logró establecer que entre 1964 y 1982 en Bolivia desaparecieron personas nacionales y extranjeras por razones político-sindicales. Pero esta asociación todavía observa que las investigaciones y procesos de justicia -no solo del golpe de Banzer, sino de la etapa de la dictadura- no concluyeron.

Las críticas de Loyola

Loyola Guzmán fundó la Asofamd. Ella fue parte de la guerrilla que instaló Ernesto “Che” Guevara en Bolivia y en el inicio del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder trabajó como constituyente del oficialismo. Luego se desvinculó de la línea de Evo Morales y ahora cuestiona el trabajo durante los 14 años de gestión del expresidente sobre las dictaduras.

“No se avanzó casi nada en las gestiones de Evo Morales sobre los procesos que se instalaron para dar con los desaparecidos producto de las dictaduras. Las Fuerzas Armadas (FFAA) podían desclasificar sus archivos secretos por instrucción de Evo Morales, pero no hubo voluntad política para dar, sobre todo, con los restos de Marcelo (Quiroga Santa Cruz)”, lamentó Guzmán.

En 2017 se conformó una Comisión de la Verdad que dependía del Ministerio de Justicia. Esta instancia no logró resultados alentadores para las víctimas del golpe de Banzer, a pesar de que en marzo de este año entregó su informe al presidente Luis Arce.

“El tiempo transcurrido en la realización de los hechos obligó a buscar y consultar a una diversidad de fuentes bibliográficas, hemerotecas, investigaciones previas, denuncias y testimonios escritos y otros que se pudo conseguir; sistematizarlos, articularlos y relacionarlos con otras distintas fuentes fue una tarea muy ardua. Se recuperaron testimonios que constituyen un material de enorme valor histórico”, explicó Nila Heredia, quien presidió la Comisión de la Verdad.

Para Loyola Guzmán, fue muy tarde la instauración de esta comisión, ya que -según ella- se debía crear en el primer año de la gestión de Evo Morales, o sea en el año 2006.

“Fue una decisión tardía. Después de 11 años el Gobierno de Morales recién decidió constituir la Comisión de la Verdad. Es una medida contradictoria a la asumida por el presidente Hernán Siles (1982-1985), que, a pocos días de su posesión, en octubre de 1982, creó la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos, la primera en América Latina”, comparó Guzmán.

Cansancio en la lucha

Llanos se siente cansada en el trajín de buscar justicia. Es tanto el cansancio que deja en manos de los hijos y nietos de los desaparecidos la continuación de la lucha con el fin de lograr objetivos.

“Para nosotras quizá ya será difícil seguir, pero la lucha va a continuar para los hijos y los nietos que tendrán que continuar exigiendo que se pueda encontrar a los desaparecidos de los distintos regímenes”, afirmó Llanos.

Victoria López es otra de las víctimas de la dictadura de Banzer. La dirigente fundó la plataforma Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano y Sobrevivientes de las Dictaduras. Este grupo logró recientemente que el Ministerio de Justicia encabece un proyecto de ley que establezca un resarcimiento a las víctimas de las dictaduras en Bolivia.

López perdió a su hijo en el golpe de Banzer. Ella relata que estaba en el tercer mes de gestación y que por las torturas que sufrió perdió a su hijo. “Nunca más pude ser madre”, lamenta. La activista explica que era dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y que ese 21 de agosto de 1971 fue parte del bloque universitario que enfrentó a la dictadura de Hugo Banzer.

“En la dictadura de Banzer, yo era dirigente de la FUL y debido a eso fui apresada por dos militares y torturada por orden de García Meza. Yo estaba embarazada de tres meses y por tanta tortura perdí a mi hijo y nunca más pude ser madre. Eso le debo a García Meza, una vida trágica”, reprocha López.

“Estamos ocho años acá en las carpas, frente al Ministerio de Justicia, tratando de lograr una solución a nuestro problema planteado, que se basa fundamentalmente en nuestros derechos de acceso a la justicia, a la verdad, a la memoria, a la reparación y a las garantías de no repetición”, dice López.

Según la dirigente, ningún ministro ha atendido sus demandas, aunque en marzo de este año hubo una apertura con el viceministro de Justicia, César Siles.

Banzer gobernó durante siete años (1971-1978) y algunos sectores la consideran como una de las dictaduras más crueles de Bolivia. Cerró las universidades públicas y no permitió oposición a sus decisiones. En ese pasaje de la historia se ejecutó el Plan Cóndor, dirigido por militares de la dictadura en varios países de Sudamérica.

Banzer volvió a ser presidente, pero ya en la etapa de la democracia. Pactó el poder con sus aliados y en 2002 falleció sin revelar el destino de los desaparecidos entre 1971 y 1978 y sin tener una condena por los abusos.